Valencia, 23 de noviembre de 2005
La UPA-PV, preocupada por las diferencias de precios entre origen y consumo, exige una ley de márgenes comerciales
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), preocupada por las diferencias existentes entre los precios que se pagan en origen al agricultor y los que se cobran en el consumo, exige a la Administración Valenciana la puesta en marcha de una ley de márgenes comerciales, que permita conocer cómo se conforman los precios, a través del itinerario campo-distribución-comercialización-consumo, para corregir y nivelar el acusado desequilibrio que se produce entre estos precios.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), preocupada por las diferencias existentes entre los precios que se pagan en origen al agricultor y los que se cobran en el consumo, exige a la Administración Valenciana la puesta en marcha de una ley de márgenes comerciales, que permita conocer cómo se conforman los precios, a través del itinerario campo-distribución-comercialización-consumo, para corregir y nivelar el acusado desequilibrio que se produce entre estos precios.
Por ejemplo, se puede constatar que los precios pagados al agricultor por las navelinas oscilan alrededor de 400 de las antiguas pesetas por arroba, mientras que al consumidor se le cobra entre 0,9 y 1,2 euros por kilo, con lo que en el proceso de distribución y comercialización se quintuplica o incluso se sextuplica el precio de origen. Otro ejemplo nos lo proporcionan las clementinas, que con un pago al agricultor semejante al de las navelinas, llegan al consumidor a precios de 1,2/1,3 euros el kilo, con lo que se superan los márgenes comerciales, que aunque la UPA-PV es consciente de que deben existir, no es razonable que se aparten tanto del precio en origen en detrimento de los ingresos de los agricultores.
Esta situación de bajo precio en origen, no es comprensible dado que en esta campaña citrícola en la Comunidad Valenciana se va a producir un millón de toneladas menos que en la anterior. A pesar de que en otras comunidades autónomas como Cataluña, Murcia o Andalucía se ha producido un incremento de producción, esto no justifica los bajos precios que se pagan al agricultor valenciano únicamente creados por los evidentes problemas de la red de distribución y los excesivos márgenes comerciales.
Además, la UPA-PV considera que el sistema de compra por los intermediarios, denominado ""a comercializar"" no ofrece ningún tipo de seguridad del cobro definitivo que vayan a percibir los productores agrarios, por ello defendemos el contrato homologado como medio de seguridad y estabilidad del sector.