UGT-PV manifiesta su preocupación por la falta de definición sobre el futuro de la radiotelevisión pública autonómica y del resto del sector audiovisual valenciano que mantiene el ejecutivo valenciano una vez superados sus primeros 100 días de gobierno. Es más, los pocos mensajes claros al respecto ponen de manifiesto la improvisación de la Generalitat, que pretende retrasar durante al menos un año el correspondiente marco legislativo previo a la recuperación de cualquier emisión pública autonómica.

Es comprensible que, después de 20 años de (des)gobierno de la derecha y del desastroso final que Alberto Fabra y el Partido Popular dieron a RTVV, las fuerzas progresistas hayan de estudiar a fondo la situación para no pisar ninguna de las minas que el PP ha sembrado a conciencia en este sector estratégico. Pero los mensajes que el Consell va emitiendo hasta ahora insinúan la intención de no respetar los compromisos preelectorales asumidos por los partidos que apoyan al nuevo Ejecutivo. Compromisos adquiridos, específicamente, entre el PSPV-PSOE, Compromis y Podem PV con los sindicatos representados en RTVV, a quienes ahora niegan la oportunidad de negociar.

UGT siempre ha considerado que la radiotelevisión pública es el motor del sector audiovisual valenciano, y por ello exige la inmediata recuperación de este servicio. El ERE de extinción aplicado en RTVV establece mecanismos para ello hasta que se defina en Les Corts un nuevo modelo consensuado. Al mismo tiempo, se debe iniciar con la suficiente antelación el encargo de contenidos audiovisuales a productoras valencianas para nutrir la parrilla de la futura emisión. Lo que en ningún caso puede ocurrir es que un sector estratégico que lleva en el limbo demasiados años, con un paro cercano al 100%, permanezca así como mínimo un año más, según se desprende de la hoja de ruta apuntada por la Generalitat. Ni se lo pueden permitir los varios miles de trabajadores afectados ni tampoco la sociedad valenciana, que está desperdiciando la formación de estos profesionales y que se ve privada de medios de comunicación en una de sus dos lenguas oficiales.

Desde UGT-PV siempre hemos defendido la vía del diálogo y el acuerdo. La negativa de la Generalitat a establecer cualquier negociación con los sindicatos representados en la extinta RTVV supone un riesgo económico de gran envergadura que repercutirá en las arcas de nuestra maltratada autonomía. Existe una demanda de nulidad pendiente de juicio en la Audiencia Nacional que, caso de prosperar, obligará a la readmisión de los 1.600 trabajadores de RTVV y al pago de los salarios no percibidos desde que fueron despedidos, en mayo de 2014. Algo que supondría un coste de alrededor de un millón de euros a la semana.

Existen dudas razonables de que el juicio se celebre de forma inminente aunque el PSOE retire el recurso de inconstitucionalidad que presentó contra la ley de cierre de RTVV, aprobada en solitario por el PP. Pero la demanda sindical también alega vulneración de derechos constitucionales en los despidos, y es probable que una vez retirado el recurso del PSOE sea la Audiencia Nacional quien eleve la consulta al Tribunal Constitucional sobre la legalidad de la ley de cierre. Dicha consulta podría retrasar varios años más la celebración del juicio sobre el ERE de RTVV, de manera que los salarios de tramitación a pagar por la Generalitat podrían sumar al final varios cientos de millones de euros.

Por ello, UGT-PV considera mucho más seguro jurídicamente, aparte de más acorde con los compromisos adquiridos, establecer negociaciones con los representantes sindicales para buscar una solución de consenso

La voluntad política es imprescindible para resolver el problema que una perversa decisión política provocó. La Comunidad Valenciana no puede demorar la recuperación de su radiotelevisión pública, y los derechos de la ciudadanía y de los trabajadores tampoco pueden esperar más.

UGT-PV insta al Gobierno Valenciano a negociar con los implicados en la recuperación de RTVV como la mejor manera de evitar la senda que trazó el Partido Popular para dinamitar una de las principales herramientas de nuestro autogobierno