El 1 de julio han entrado en vigor dos normas, la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, que pretenden restringir los derechos fundamentales, que emanan de la constitución de 1978. A partir de ahora, se va a producir un claro endurecimiento de la respuesta penal ante las expresiones de conflicto social y la protesta ciudadana.

La sanción penal, que siempre debe ser la última a aplicar en un sistema democrático de derecho, va a ser ahora la regla general, porque permitirá sancionar comportamientos que hasta el momento, o eran irrelevantes penalmente, o solo tenían un tratamiento sancionador administrativo.

La Unión General de Trabajadores considera que la incorporación de la prisión permanente revisable, reservada a delitos de excepcional gravedad, el sistema de medidas de seguridad, la revisión de la regulación del delito continuado, la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad, la introducción de un nuevo régimen de suspensión, la supresión del Libro III del Código Penal (Faltas y sus penas), salvo algunas faltas que se incorporan al Libro II, como delitos leves, aumentando el sistema de sanciones administrativas y civiles, no solo vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que tiene una clara finalidad de presión, de las organizaciones convocantes de las manifestaciones, protestas y concentraciones, sino también recaudatoria.
Nuestro sindicato muestra su más absoluto rechazo a la prisión permanente revisable, que considera que es inconstitucional puesto que en la redacción de la Constitución española ya se descartó en 1978 el techo máximo de la pena de muerte (art. 15 CE) e igualmente, la cadena perpetua. Lo que se determinó en aquel entonces fue, la orientación del Derecho Penal a la resocialización de la persona condenada (art. 25.2 CE).
Por nuestra parte la Unión General de Trabajadores de País Valenciano asistió ayer a la manifestación de la ley mordaza realizada en Valencia y ve necesario retirar el artículo 315.3 del Código Penal y, que vulnera claramente el ejercicio de derecho a huelga, y derogar las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana.