Unión General de Trabajadores del País Valenciano

Propuestas Justicia Fiscal UGTPV

Las Plataformas por la Justicia Fiscal de España, representando a centenares de organizaciones sociales y sindicales, han propuesto a la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social una batería de 67 medidas con las que sería posible aumentar la recaudación en casi 40.000 millones de euros en 2021.

La mitad del montante total, unos 21.000 millones, provendría de un recargo de solidaridad entre el 1 y el 3,5% sobre la riqueza acumulada por encima del millón de euros, incluidas las acciones y participaciones en sociedades, singularmente las SICAV u otras de inversión en bienes inmuebles. La finalidad de este recargo sería la financiación del coste de las medidas sanitarias provocado por la pandemia, mientras entren en vigor otras medidas de mayor calado entre 2022 y 2024, tras la reforma del modelo de financiación autonómica y local o los acuerdos en la OCDE para que las multinacionales paguen en el lugar donde obtienen sus beneficios.

Entre las medidas propuestas, destaca también un paquete de medidas destinadas a reducir la economía sumergida en 10 puntos porcentuales entre 2021 y 2024, que superaría la actual política de contención del fraude fiscal. Con ellas, las Plataformas de Fiscalidad estiman que podrían recaudarse unos 38.500 millones, que se pierden por la evasión, principalmente, de multinacionales, corporaciones empresariales y grandes fortunas.

En síntesis, las Plataformas proponen cerrar la brecha recaudatoria de España entre 60.000 y 75.000 millones, respectivamente con la media de la UE-28 y con la zona Euro, con las siguientes medidas.

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La brecha de inversión en gasto social en España

Antes de la pandemia, un 26% de la población española vivía en riesgo de pobreza y exclusión social, y la pobreza severa afectaba a más de 2,5 millones de persona, casi 600.000 familias carecen de ingresos, y la COVID-19 ha profundizado la vulnerabilidad social y económica de millones de personas en España.

En tiempos de crisis y de paro se tiene que garantizar la protección social a la infancia y la familia, manteniendo unos ingresos familiares dignos a través de transferencia de rentas a los sectores más golpeados por la crisis, como una renta mínima complementaria a la de las Comunidades Autónomas y las prestaciones por menor a cargo, así como garantizar la sanidad y la educación públicas universales y gratuitas y eliminar el sinhogarismo.

Las Plataformas aseguran que con 6.405 millones de euros -unas 10 veces menos de lo que costó rescatar a la banca durante la pasada crisis económica- prácticamente cuatro millones de personas saldrían de la pobreza severa.

También piden incrementar la eficacia en el uso de los recursos. La eficacia en la reducción de la pobreza por cada euro invertido es muy baja en España (22,94% frente al 32,80% de la media europea de los 28) y debe mejorarse al menos hasta alcanzar la media europea.

No obstante, el nivel de inversión social en España está muy por debajo de la media de la Eurozona.

 

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