Desde que la crisis comenzó a trastocar nuestra vida, parece que lo económico se ha convertido en la única preocupación, siendo la pérdida del puesto de trabajo la primera y más temida de las consecuencias del cambio de ciclo. Tanto es así que la seguridad y la salud en el trabajo han dejado de existir entre las prioridades de las políticas públicas y privadas. No es de extrañar, ya que una parte importante del empresariado siempre lo deseó, y el Partido Popular nunca ha creído en la promoción de los intereses de los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena.

Dos claros ejemplos de ello son que ese empresariado llama gasto a la inversión en seguridad y denomina absentismo, incluso a las bajas más justificadas como la maternidad, sin que la administración ponga orden ante tanta codicia. La Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad y las Mutuas han hecho suya la bandera de la patronal, por la que los trabajadores y trabajadoras son los principales responsables de los descensos de competitividad por sus supuestos abusos en el acceso a la incapacidad temporal.

En realidad, nos encontramos ante una violencia organizacional consentida, que produce incrementos en la declaración de los accidentes de trabajo sin baja o entre las enfermedades profesionales, siempre que sean sin baja, favoreciendo de esta forma una infradeclaración en cadena de los accidentes, donde los siniestros graves pasan a leves con relativa facilidad. Es decir, los trabajadores siguen teniendo accidentes, pero milagrosamente, no rompen huesos ni producen secuelas médicas, de manera que sus costes son trasladados, no a las empresas, sino a las contingencias comunes dentro del sistema público de salud, que por supuesto se paga con los impuestos de todos.

Gracias a esta connivencia entre patronal, mutuas y seguridad social vemos aumentar la presión psicosocial, la presión para ir a trabajar aunque se esté enfermo, entre otras cosas, por el miedo a perder el empleo o por la necesidad de mantener los ingresos intactos aunque el cuerpo se resienta.

La forma de hacer y gobernar, la forma de organizar el trabajo remunerado y el modelo económico tiene su repercusión en la salud y en la vida de los trabajadores y trabajadoras. La temporalidad y la precariedad estructural producen daños, a veces irreversibles, en la salud y seguridad en el trabajo; el recorte del 40% llevado a cabo por el Gobierno de Rajoy en materia de prevención de riesgos laborales, que en la Comunitat Valenciana alcanza al 100% induce a pensar, como decía al principio, que las políticas de prevención de riesgos, la salud y la seguridad en el trabajo han dejado de ser una prioridad.


En este sentido, la UGT-PV no va a consentir que la salud, la prevención y la seguridad sean el peaje que los trabajadores y trabajadoras han de pagar para que los grandes números macreconómicos den un saldo positivo. Si, tanto el gobierno central, como el autonómico, no consideran estas materias como un principio de calidad y competitividad de las empresas, poniendo en valor la inversión en ellas y alentando una organización escrupulosa con la salud, nos tendrán enfrente con seguridad. 

Firmado: Carlos Calero Jaén, secretario de salud laboral de la UGT-PV.

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