Unión General de Trabajadores del País Valenciano

Un paso adelante en la prevención de riesgos laborales

La aprobación de la Ley de Jurisdicción Social, una reivindicación que UGT ha venido abanderando, supondrá un paso hacia adelante en la prevención de riesgos laborales, al unificar en el orden de lo social todos los aspectos laborales derivados del accidente de trabajo. Esta reforma legislativa, que se tramitó definitivamente en el Congreso de los Diputados, el pasado jueves, tendrá una gran repercusión en la mejora de las condiciones de trabajo y en la reducción de la siniestralidad laboral, y supondrá una mayor protección de las víctimas de accidentes de trabajo.

El Congreso de los Diputados, aprobó el pasado jueves, el texto definitivo de la Ley de Jurisdicción Social, tras la votación de las enmiendas introducidas previamente en el Senado. Con esta norma, UGT consigue una reivindicación histórica, unificar en el orden social todos los aspectos laborales derivados de los accidentes de trabajo, excepto los correspondientes al ámbito penal. Esto va a permitir una lucha más eficaz contra la siniestralidad laboral, una mejor protección a las víctimas de accidentes de trabajo, más facilidades para el cumplimiento riguroso de la ley, una mayor agilidad en los trámites burocráticos, evitando el peregrinar por los distintos órdenes jurisdiccionales y más seguridad jurídica.

En el año 2007, se trasladó a la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su apartado 3.7 la necesidad de adoptar esta normativa: “Para reforzar la seguridad jurídica y favorecer una mayor implicación de los empresarios en el cumplimiento de sus obligaciones preventivas, se analizarán, previa la realización de los informes oportunos (Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado...), los problemas derivados de la concurrencia en relación con la prevención de riesgos laborales de los cuatro órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y social. En este marco, se estudiará también la conveniencia de establecer mecanismos que satisfagan las indemnizaciones por responsabilidad civil derivada de accidentes de trabajo de los que sea responsable el empresario que resulte insolvente o que sirvan para resarcir a los trabajadores en cuanto víctimas directas e indirectas de delitos dolosos”.

Sin embargo, este objetivo no se ha desarrollado y UGT ha seguido insistiendo en la necesidad de esta reforma, apoyando todas las iniciativas que, en este sentido, se han aportado desde los Órganos Judiciales, Partidos Políticos y otras entidades. Hoy, por fin el esfuerzo de todos los que han creído en la necesidad de esta reforma se ha visto recompensado.

Con la unificación de los aspectos laborales, en el orden social, éste se convierte en el garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aun cuando no se hayan derivado daños concretos por incumplimientos de la normativa relativa a la Seguridad y Salud en el Trabajo. De este modo se consigue una mejor protección de las víctimas de accidentes de trabajo y se establecen los recursos necesarios para ello.

Otra de las novedades que aporta esta reforma es la inclusión del personal funcionario o personal estatutario, en la jurisdicción social (antes sólo podían acudir al orden contencioso administrativo), en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores, incluida la responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

También se asigna al orden social la competencia sobre las cuestiones relativas a los órganos de representación de personal en materia relacionada con la prevención de riesgos en el trabajo, a través, en su caso, de los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud, con independencia del tipo de personal que intervenga en su designación o composición.

Esta Ley facilitará el efectivo cumplimiento de la normativa; evitando el peregrinar por los distintos órdenes jurisdiccionales, con lo que se evitan además dilaciones, gastos innecesarios y pronunciamientos contradictorios, es decir, se garantiza la seguridad jurídica.

Por otro lado, la integración de la materia laboral en el orden social permite unificar el conocimiento de cualquier otra vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas conectada a la relación laboral, como puede ser el caso del acoso, provenga dicho acoso de la empresa o de personal de otra empresa con la que se tiene que relacionar el trabajador acosado.

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