UGT reclama una Ley Integral de Siniestralidad Laboral Complementaría otras medidas ya adoptadas en la Mesa de Diálogo Social.  UGT reclama una Ley Integral de Siniestralidad Laboral que dé solución a algunos problemas detectados en los procesos referidos a la siniestralidad laboral, como la dispersión de ámbitos jurídicos a los que atribuir la materia, la larga extensión de los procesos o la falta de delimitación de responsabilidades.

Esta futura Ley debería unificar las medidas de educación y formación, control de los actores, prevención y sanción existentes en esta materia; contemplar la interrelación entre diferentes organismos como la Fiscalía y la Inspección e implantar un único orden jurisdiccional, el social, para dar respuesta unitaria, rápida y eficaz a las víctimas, salvo para la materia penal que debe mantenerse en su propia jurisdicción.

En los últimos años se han registrado importantes cambios normativos y estructurales en el ámbito de la prevención de riesgos laborales fruto, en su mayoría, de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo Social.

Como complemento a los acuerdos ya alcanzados, UGT reclama la necesidad de una Ley Integral de Siniestralidad Laboral que: unifique las medidas de educación y formación, control de los actores, prevención y sanción existentes en esta materia; contemple la interrelación entre diferentes organismos, como la Fiscalía y la Inspección; e implante un único orden jurisdiccional, el social, para dar respuesta unitaria, rápida y eficaz a las víctimas, salvo para la materia penal que debe mantenerse en su propia jurisdicción.

El sindicato considera que la Ley Integral podría dar solución a algunos problemas detectados en los procesos referidos a la siniestralidad laboral en la actualidad:

• Los Tribunales ante los que reclamar indemnizaciones pueden ser los civiles o los sociales, con distintos criterios, valoraciones y atribución de responsabilidades y diversidad de criterios que llegan hasta el Tribunal Supremo.

• Los procesos son largos, según un estudio del CGPJ.

• Las sanciones administrativas se impugnan ante un tercer tipo de juzgados, los contencioso-administrativos, y el incumplimiento en que se basen puede ser el mismo que fundamente la indemnización.

• Las responsabilidades no están bien delimitadas, sobre todo cuando concurren varios empresarios en un mismo centro de trabajo.

• Las insolvencias de los condenados a indemnizaciones no tienen instituciones de garantías.

• Los daños son difícilmente evaluables si el trabajador no gasta una importante cantidad de dinero, pues la medicina forense no está especializada y además no hay un baremo de referencia.

• Los comités de empresa no conocen los resultados de las impugnaciones de las sanciones y estas se tramitan en el orden contencioso-administrativo.

• La ausencia de especialización y formación judicial en materia preventiva. Para UGT, la Ley Integral debería abordar el accidente de trabajo desde una perspectiva global: antes, evitando los accidentes sancionando los delitos de peligro; durante, investigando el accidente con la coordinación de los organismos y la atención a la víctima o sus familiares en caso de fallecimiento; y después, con el resarcimiento total del daño, la rehabilitación del trabajador accidentado, su reintegración al mundo laboral y la ayuda a sus familiares.

Esta Ley complementaría otras medidas ya adoptadas en la Mesa de Diálogo Social en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, como:

• La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, con el objetivo de medirar las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo y conseguir la reducción constante y significativa de la siniestralidad laboral y el acercamiento a los valores de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a los accidentes de trabajo como a las enfermedades profesionales.

• La reforma del cuadro de Enfermedad Profesional, que en España no se producía desde hacía 28 años y que contempla la ampliación y actualización del cuadro y del proceso de notificación y registro de las Enfermedades Profesionales, ya que en la actualidad existe un problema de infra declaración.

• La firma del Protocolo Marco de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio del Interior junto con UGT, CCOO y el Consejo General de la Abogacía Española para la investigación eficaz y
rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores.

• La creación de importantes figuras como el Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral, que ha propiciado la coordinación entre las distintas figuras similares que habían surgido en algunas Comunidades Autónomas y ha sido el impulsor de la persecución de delitos contra la salud, la vida y la integridad de los trabajadores.

La dispersión normativa o la falta de claridad de la misma son utilizadas por quienes no quieren cumplir o se conforman con realizar un cumplimiento superficial y formal de la norma. Es necesario que los empresarios cambien su mentalidad de prevención como una inversión necesaria de futuro y no como un gasto inevitable para poder terminar con el drama de la siniestralidad laboral en España.

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