Unión General de Trabajadores del País Valenciano

UGT reclama una Ley Integral de Siniestralidad Laboral Complementaría otras medidas ya adoptadas en la Mesa de Diálogo Social.  UGT reclama una Ley Integral de Siniestralidad Laboral que dé solución a algunos problemas detectados en los procesos referidos a la siniestralidad laboral, como la dispersión de ámbitos jurídicos a los que atribuir la materia, la larga extensión de los procesos o la falta de delimitación de responsabilidades.

Esta futura Ley debería unificar las medidas de educación y formación, control de los actores, prevención y sanción existentes en esta materia; contemplar la interrelación entre diferentes organismos como la Fiscalía y la Inspección e implantar un único orden jurisdiccional, el social, para dar respuesta unitaria, rápida y eficaz a las víctimas, salvo para la materia penal que debe mantenerse en su propia jurisdicción.

En los últimos años se han registrado importantes cambios normativos y estructurales en el ámbito de la prevención de riesgos laborales fruto, en su mayoría, de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo Social.

Como complemento a los acuerdos ya alcanzados, UGT reclama la necesidad de una Ley Integral de Siniestralidad Laboral que: unifique las medidas de educación y formación, control de los actores, prevención y sanción existentes en esta materia; contemple la interrelación entre diferentes organismos, como la Fiscalía y la Inspección; e implante un único orden jurisdiccional, el social, para dar respuesta unitaria, rápida y eficaz a las víctimas, salvo para la materia penal que debe mantenerse en su propia jurisdicción.

El sindicato considera que la Ley Integral podría dar solución a algunos problemas detectados en los procesos referidos a la siniestralidad laboral en la actualidad:

• Los Tribunales ante los que reclamar indemnizaciones pueden ser los civiles o los sociales, con distintos criterios, valoraciones y atribución de responsabilidades y diversidad de criterios que llegan hasta el Tribunal Supremo.

• Los procesos son largos, según un estudio del CGPJ.

• Las sanciones administrativas se impugnan ante un tercer tipo de juzgados, los contencioso-administrativos, y el incumplimiento en que se basen puede ser el mismo que fundamente la indemnización.

• Las responsabilidades no están bien delimitadas, sobre todo cuando concurren varios empresarios en un mismo centro de trabajo.

• Las insolvencias de los condenados a indemnizaciones no tienen instituciones de garantías.

• Los daños son difícilmente evaluables si el trabajador no gasta una importante cantidad de dinero, pues la medicina forense no está especializada y además no hay un baremo de referencia.

• Los comités de empresa no conocen los resultados de las impugnaciones de las sanciones y estas se tramitan en el orden contencioso-administrativo.

• La ausencia de especialización y formación judicial en materia preventiva. Para UGT, la Ley Integral debería abordar el accidente de trabajo desde una perspectiva global: antes, evitando los accidentes sancionando los delitos de peligro; durante, investigando el accidente con la coordinación de los organismos y la atención a la víctima o sus familiares en caso de fallecimiento; y después, con el resarcimiento total del daño, la rehabilitación del trabajador accidentado, su reintegración al mundo laboral y la ayuda a sus familiares.

Esta Ley complementaría otras medidas ya adoptadas en la Mesa de Diálogo Social en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, como:

• La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, con el objetivo de medirar las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo y conseguir la reducción constante y significativa de la siniestralidad laboral y el acercamiento a los valores de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a los accidentes de trabajo como a las enfermedades profesionales.

• La reforma del cuadro de Enfermedad Profesional, que en España no se producía desde hacía 28 años y que contempla la ampliación y actualización del cuadro y del proceso de notificación y registro de las Enfermedades Profesionales, ya que en la actualidad existe un problema de infra declaración.

• La firma del Protocolo Marco de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio del Interior junto con UGT, CCOO y el Consejo General de la Abogacía Española para la investigación eficaz y
rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores.

• La creación de importantes figuras como el Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral, que ha propiciado la coordinación entre las distintas figuras similares que habían surgido en algunas Comunidades Autónomas y ha sido el impulsor de la persecución de delitos contra la salud, la vida y la integridad de los trabajadores.

La dispersión normativa o la falta de claridad de la misma son utilizadas por quienes no quieren cumplir o se conforman con realizar un cumplimiento superficial y formal de la norma. Es necesario que los empresarios cambien su mentalidad de prevención como una inversión necesaria de futuro y no como un gasto inevitable para poder terminar con el drama de la siniestralidad laboral en España.

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