Las Plataformas en defensa de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia de la Comunidad Valenciana, a la cual pertenece UGT- PV  se reunieron el sábado 16 de enero en la ciudad de Valencia, para valorar las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno Valenciano en materia de Dependencia y Diversidad Funcional, y preparar las mesas de trabajo sectoriales que la Consellería ha diseñado y que en breve comenzaran a reunirse. A continuación se recoge dicho análisis

En primer lugar, hemos analizado las medidas que con más urgencia y celeridad ha puesto en marcha la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, como son el pago de las ayudas económicas pendientes, acabando así con los meses de retraso en el cobro de las prestaciones económicas que el anterior gobierno venia acumulando en los últimos años. Esta medida, unida al pago de la deuda pendiente a aquellos que, a pesar de tener su derecho reconocido, todavía no estaban cobrando las ayudas y al compromiso del ejecutivo valenciano de abonar la nómina, de forma regular, del 1 al 5 de cada mes, nos lleva a pensar en un cambio de tendencia en la nefasta gestión que los anteriores gobiernos valencianos del Partido Popular han hecho de la Ley de Dependencia y a convencernos, una vez más, que aquello que hemos venido reivindicando las Plataformas de forma continuada, no era ni una utopía ni un disparate, simplemente se trataba de establecer prioridades y legislar por y para las personas.

Por otro lado, las medidas adoptadas, con vigencia a partir del 1 de enero de 2016, como son la eliminación de la tasa (copago) en centros de atención diurna (centros de atención temprana, centros de rehabilitación e inserción social, centros ocupacionales, centros de día de mayores y de diversidad funcional) y la mejora en la aportación en centros de atención residencial (ya que no se computará como ingreso de la persona con diversidad funcional la prestación por hijo a cargo del Sistema Nacional de la Seguridad Social), así como la recuperación de las pagas extraordinarias íntegras y el incremento en la cantidad reservada al usuario para gastos personales, son un logro social más para las Plataformas que, siempre, denunciamos el copago confiscatorio inmoral e ilegal instaurado por el Partido Popular. Además, no sólo se incrementa el dinero que se queda en el bolsillo de los dependientes de centros residenciales, sinó también el de las personas con diversidad funcional y/o dependencia de viviendas tuteladas. Éstas, son ayudas que nos alegran, pues suponen trabajar en pro de la autonomía personal de las personas dependientes, en concordancia con el espíritu de la Ley, ya que la asistencia a centros no es un capricho de los usuarios o sus familiares, sino que mejora y ayuda la vida de todos ellos. Por otro lado, sienta las bases de un modelo asistencial y no residencial, en el que  las residencias sean el último recurso, todo lo contrario al “modelo Cotino” impulsado y potenciado por el anterior ejecutivo valenciano con el único fin de llenar residencias.

Por lo que se refiere al compromiso por restablecer las cuantías de las prestaciones económicas, tal y como estaban antes del año 2012, y que supuso recortes tan brutales como llegar a rebajar las prestaciones a 20 euros, supone un acto de desagravio con los dependientes importante aunque no suficiente, porque cabe recordar que el gobierno valenciano elimina con esta medida los recortes que aplicó el gobierno autonómico, pero no restablece los recortes estatales que implementó Rajoy cuando éste llego al gobierno central. El aumento en las cuantías autonómicas hasta el máximo previsto en la Ley es acogido por las Plataformas de forma satisfactoria, pues entendemos que supone un esfuerzo presupuestario importante para las arcas  de la Comunidad, pero evidentemente no se compensará el perjuicio causado a los dependientes mientras no se reponga también la parte detraída por el Estado.

De igual modo, nos alegra que la Consellería se haya comprometido a abonar a los herederos de dependientes fallecidos las cantidades que nunca llegó a pagarles el anterior ejecutivo valenciano. Cobrar tarde y mal ha sido el modus operandi habitual de la Dependencia en nuestra Comunidad y deberían exigirse responsabilidades a quien las tuviera, pero haber fallecido sin cobrar es la mayor barbarie e inmoralidad que se ha cometido nunca. No hay que olvidar, además, que muchos de ellos ni tan siquiera ahora podrán cobrar por no haber podido llevar a los tribunales su caso o no haber interpuesto los correspondientes recursos administrativos en tiempo y forma.

Respecto a la derogación del copago farmacéutico y ortoprotésico, entendemos que el modelo escogido por la Consellería de Sanidad Universal, como es el establecimiento de subvenciones, no es el ideal, pero al menos supone que las personas con diversidad funcional que presentan una discapacidad reconocida del 65% o más, en el caso de mayores de edad, y del 33% o más, en el caso de menores, puedan obtener tanto las medicinas como los tratamientos ortoprotésicos a coste cero, a partir del 1 de enero de 2016. Cabe recordar que el anterior ejecutivo valenciano  suprimió el artículo 16 del Estatuto de Personas con Discapacidad, que les reconocía este derecho, dejando a miles de ciudadanos valencianos en la estacada, habiendo de escoger entre pagar los tratamientos farmacológicos prescritos por el médico o comer, e incluso no obtenerlos por falta de recursos económicos para poderlos pagar. Las Plataformas entendemos que el actual sistema articulado a través de subvenciones no restituye totalmente el derecho de las personas con diversidad funcional y que mientras no se reponga el artículo 16 antes mencionado, no podemos hablar de la recuperación del derecho arrebatado, pero somos conscientes de las dificultades legislativas del gobierno autonómico, dadas las amenazas del gobierno central, por entender éste último que se trata de una invasión de competencias, que podrían conducir a otro recurso ante el Tribunal Constitucional, como ya ocurrió con el recurso a la ley de la sanidad universal.

Por lo que se refiere al pago fraccionado y aplazado de los atrasos generados en las prestaciones económicas, de aquellos casos que el gobierno valenciano ha tenido colapsados y paralizados durante años, también el nuevo gobierno valenciano lo ha eliminado. Hay que recordar que la Ley de Dependencia establece que las ayudas son retroactivas, desde el momento en que se solicita la prestación, pero los dependientes han tenido que esperar varios años desde que pedían la ayuda hasta que la recibían. A partir de este momento, los atrasos por nuevas resoluciones PIA de expedientes que han estado colapsadas en la Consellería, se abonaran junto a la primera mensualidad de la prestación y todas aquellas que el gobierno valenciano ya había comunicado que abonaría en cuatro pagos fraccionados, se cobraran íntegramente en un único pago en torno al mes de abril de 2016. Si a los retrasos y recortes unimos los fraccionamientos en los pagos, una vez más se pone de manifiesto el auténtico boicot del Partido Popular a la aplicación de la Ley de Dependencia. Afortunadamente, ahora los dependientes no sólo verán reconocido su derecho con mayor celeridad, sino que, además, los posibles atrasos generados no tendrán que esperar a cobrarlos en pagos fraccionados.

Por otra parte, fuentes oficiales de la Consellería, nos han informado en los últimos días que la orden de subvenciones para el mantenimiento de centros se va a publicar en breve. Una medida que también acogemos con satisfacción, puesto que los centros y los profesionales de los mismos han sido los garantes para que muchos dependientes no tuvieran que quedarse en la calle o en sus casas, por falta de recursos e incumplimientos reiterados de la administración.

Además de analizar las medidas en materia de dependencia que el nuevo gobierno valenciano ha puesto ya en marcha, las Plataformas también nos hemos puesto a trabajar en las mesas sectoriales que la Consellería va a convocar en breve. Se han dividido en cinco áreas de trabajo (discapacidad física, discapacidad intelectual, enfermedad mental, discapacidad orgánica y discapacidad sensorial) y las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia contaremos con un representante en cada una de ellas. Para ello, estamos ya trabajando en la elaboración de un documento base que sirva para recoger todas nuestras propuestas y reivindicaciones. Dicho documento, queremos elaborarlo contando con la participación de todos los colectivos, entidades, dependientes y familiares, con los que vamos a empezar a reunirnos para conocer sus necesidades. Cualquier propuesta pueden hacerla llegar a las Plataformas de su provincia, comarca, pueblo o ciudad.

Si hacemos una valoración de las medidas que ya se han adoptado, las Plataformas valoramos el enorme esfuerzo presupuestario que se está haciendo. Durante 25 años los Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana han estado guardados en los cajones de la Consellería. Y para mayor injusticia social, en materia  de Dependencia, a nuestros dirigentes políticos les ha preocupado más hacer caja con el dinero de los dependientes y favorecer a unos pocos, que poner las bases para implantar un verdadero Sistema de Atención a la Dependencia y a las personas con Diversidad  Funcional, con recursos y servicios que les hubieran procurado una vida más digna y una mayor autonomía personal.

Con el cambio de gobierno valenciano las Plataformas empezamos a notar el cambio también en las formas y una mayor sensibilidad por parte de nuestros gobernantes. El solo hecho de convocar mesas sectoriales de participación donde poder discutir y priorizar junto con la administración las políticas sociales e inclusivas que, en adelante, se vayan a llevar a cabo, nos demuestra un cambio importante y muy positivo de actitud.
La Generalitat Valenciana ha estado siempre muy lejos de lograr una correcta aplicación de la Ley de Dependencia. Una Ley que nacía para crear un nuevo Derecho para toda la ciudadanía y como un cuarto pilar del Estado de Bienestar, y que más bien ha supuesto un enjambre de burocracia, un desespero administrativo para las familias y un viacrucis por los tribunales para conseguir derechos.

Somos conscientes que no es posible recuperar en unos pocos meses lo que se ha venido destruyendo durante tantos años. Nos quedan derechos por recuperar y, por ello, nuestra lucha sigue en pié y nuestro tesón no va a menguar ni un ápice. Pero, en estos momentos, después de nueve años de lucha incansable de las Plataformas, podemos decir que encaramos el futuro con mejores perspectivas. La Ley de Dependencia tenía que haber sido “una ventana abierta al mal tiempo”, un alivio y un respiro para aquellas personas que cada día luchan por su autonomía personal y batallan con su diversidad funcional por una vida más digna. Hoy en día, esperanzados pero vigilantes, podemos decir que empezamos a notar la brisa que corre por la ventana…

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