Unión General de Trabajadores del País Valenciano

Los recortes del Gobierno han paralizado y desmantelado la Ley de Dependencia

​UGT en un informe en el que analiza la evolución de la Ley de Dependencia, denuncia la paralización de esta norma y los efectos demoledores de los recortes y reformas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular, entre ellas el Real Decreto Ley 20/2012. Así, en 2015 el sistema atiende a 248.685 personas dependientes menos.

El sindicato denuncia que hoy no se puede atender de forma integral a las personas en situación de dependencia, pues se ha establecido una incompatibilidad completa de las prestaciones o se han reducido el número de horas de atención en el domicilio (aun cuando siempre fueron insuficientes). Asimismo, ha disminuido la cuantía de las prestaciones a percibir y se ha incrementado el copago, etc.

UGT considera que la evolución social y demográfica obliga a adoptar, acuerdos políticos y sociales, capaces de afrontar uno de los grandes retos que tiene nuestra sociedad, como es cuidar de las personas dependientes.

En el noveno aniversario de la aprobación de la ley de dependencia, desde UGT, hemos realizado un informe que analiza la evolución  de este sistema de protección desde 2008 y pone de manifiesto las sombras de la ley y los efectos devastadores del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (habiendo utilizado los datos comparativos desde esa fecha que es la que supuso el punto de inflexión para la ley de dependencia, en un momento en el que no se había llegado a implantar en su totalidad) que provocó el desmantelamiento y la paralización de la ley.

Asistimos a una fragmentación de una ley, que fue fruto del acuerdo del diálogo social entre el Gobierno y los Interlocutores Sociales y avalada por una aprobación mayoritaria de los grupos parlamentarios, entre ellos por el propio PP y con el apoyo y consenso de todos los grupos sociales y políticos. Los recortes realizados han supuesto un quebrantamiento de la ley y una ruptura del sistema modificando los principios básicos de la misma.

Los recortes presupuestarios han supuesto, por un lado, una rebaja del nivel mínimo que aporta el Estado que rondó en 2013 y 2014 la cifra de 266 millones de euros, y por otro lado, la supresión, desde 2012, del nivel acordado de financiación, pasando de 283 millones de euros a cero. Todo ello implica un ahorro de 1.698 millones de euros, para los años 2012, 2013 y 2014. A grandes rasgos podemos estimar que los recortes ascienden prácticamente a 2.000 millones de euros.

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Las solicitudes presentadas desde 2008 a 2013 fueron aumentando hasta situarse en un máximo de 1.644.284 a 31 de diciembre del 2013. A partir de esta fecha hasta marzo 2015 las solicitudes disminuyen en 67.032, un 4,1% menos, situándose en 1.602.357, motivado por el efecto desánimo de la población y a que los parados en el núcleo familiar se hicieron cargo de sus familiares dependientes.

De marzo a octubre de este año 2015 parece haberse mejorado el número de solicitudes, pero siguen siendo 41.927 menos que en 2013 y 35.477 menos respecto a 2011.

De las 1.602.357 solicitudes a octubre de 2015 sólo reciben un dictamen 1.500.023, es decir, en este trámite 102.334 personas quedan fuera del sistema directamente.

Las resoluciones a 31 de octubre de 2015, alcanzaron el número más bajo desde hace cuatro años, situándose en 1.500.023, 3.735 menos respecto a 2011 que llegaron a ser 1.503.758 y 36.157 menos que en el año 2.012 cuando fueron 1.536.180 las valoraciones.

Se aprecia un aumento progresivo de denegaciones de solicitudes a personas a las que no se les reconoce el derecho (sin grado), a finales de octubre de este año la cifra ya suponía el 21,44%, es decir a 321.540, de los dictámenes emitidos. Más de 97.700 personas sin grado desde 2011, consecuencia directa del endurecimiento del baremo de valoración y la modificación de la clasificación de los niveles de dependencia.

Por el contrario a 31 de octubre de 2015 se ha alcanzado el número más bajo de dictámenes favorables (con grado) a 1.178.483 sí se les reconoce, es decir, por un lado, hay 41.927 solicitudes menos, 3.735 resoluciones menos y por otro, menos concesiones (101.523) y más denegaciones (101.500), es decir, en 2015 el sistema atiende a 248.685 personas dependientes menos.

Del total de personas a las que se les ha reconocido el derecho a algún tipo de prestación o servicio en función de su grado de dependencia en octubre de 2015 había 1.178.483, de ellos están en estos momentos disfrutando de su derecho 779.373, es decir, el 66%. Mientras 339.110 se encuentran en lista de espera.

En 2015, los beneficiarios con prestaciones tan sólo suponen 27.368 más que en el año 2011, alcanzando una cobertura del sistema del 66%.

En lo que respecta al conjunto de prestaciones y servicios, desde el año 2013 a enero de 2015, desciende en 18.149 aunque en ambos años existían dependientes a la espera que les fuera adjudicado una prestación o un servicio.

Destaca el peso de la prestación económica para el cuidado familiar, una prestación de naturaleza excepcional, que en algún momento, como en 2009 y 2010, ha supuesto el 50% del total de las prestaciones.

Antes de 2012 las prestaciones económicas eran más altas, de forma que, un grado III nivel II recibía una prestación económica vinculada al servicio, de casi 834 €/mes, recibiendo en la actualidad 715,07 €/mes. Lo mismo ocurre con la prestación económica para cuidados en el entorno familiar que, en el mismo año, un grado III nivel 2 recibía 521 €/mes y actualmente percibe 387,64 €/mes. Igualmente, la prestación económica del asistente personal, también ha bajado, de tal manera que un grado III nivel 2 llegó a 834 €/mes, y ahora se sitúa en 715,07 €/mes.

El aumento del copago, que se ha llegado a tachar como de confiscatorio, está produciendo un efecto desincentivador, ya que el beneficiario puede llegar a pagar hasta el 90% del coste, tanto de los servicios como de las prestaciones económicas.

Esta modificación, presenta importantes diferencias respecto a la regulación anterior, donde se establecía una participación respecto a los servicios entre un 10 y un 65% del precio de referencia y hasta el 90% únicamente en el servicio de atención residencial.

Desde el 2011 se acercan el número de resoluciones de los grados más leves a los grandes dependientes, actualmente los dependientes severos, suponen el 29,82% del total de dependientes, cambiando la tendencia desde la implantación de la ley, en el que los grandes dependientes suponían la mayoría. Con el nuevo baremo los dictámenes de grado III, correspondientes a los grandes dependientes han disminuido en 83.052.

Este cambio implica una menor intensidad de los servicios y de las prestaciones económicas, y consecuentemente su coste, que difiere mucho del que supone un gran dependiente.

Un ejemplo ilustrativo de esto es el cuadro siguiente, según el cual a una persona aplicándole la ley anterior a la reforma hubiera sido reconocido como gran dependiente (grado III) y como consecuencia con las prestaciones y derechos de ese grado vigentes en ese momento.

A esa misma persona, con la aplicación de la reforma hubiera sido valorado como dependiente severo (grado II) y como consecuencia sus prestaciones y el conjunto de sus derechos son menores.

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La reducción de la lista de espera tan ensalzada por el Gobierno únicamente responde a una depuración del sistema de información eliminando duplicidades, a las bajas producidas en el sistema por los fallecimientos y al continuo retraso en el acceso al sistema de los dependientes moderados.

De nuevo UGT cuestiona la forma en la que se puede atender de forma integral a las personas en situación de dependencia, paralizando la aplicación de la ley, estableciendo una incompatibilidad completa de las prestaciones o reduciendo el número de horas de atención en el domicilio, cuando éstas no han sido nunca suficientes para atender a los beneficiarios, reduciendo la cuantía de las prestaciones a percibir, incrementando el copago…La falta de respuestas públicas, la evolución social y demográfica de este país nos enfrentan a la necesidad de acuerdos políticos y sociales que nos permitan afrontar uno de los grandes retos a los que nuestra sociedad tiene que dar respuesta.

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