Unión General de Trabajadores del País Valenciano

UGT PV  se plantea la recogida masiva de firmas durante el mes de octubre. Esta prestación beneficiría a más de 240.000 familias en la Comunitat.
UGT PV y CCOO PV han presentado el proceso de  la Iniciativa Legislativa Popular que las dos centrales están llevado a cabo, para reclamar una prestación de ingresos mínimos para todas aquellas personas que habiendo agotado la prestación de desempleo se encuentren en situación de riesgo. 

    
     

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Los secretarios generales de UGT PV y CCOO PV, Gonzalo Pino y Paco Molina, han arrancado con su firma esta campaña en la Comunitat, que pretende elevar al Congreso la propuesta de una renta para las personas que no disponen de recursos.  A partir de hoy y con este acto comienza la recogida de firmas en las empresas y centros de trabajo, en las sedes del sindicato y en una serie de puntos estratégicos como hospitales, ayuntamientos, mercados ….

Esta iniciativa nace como respuesta a la situación de indefensión en la que ha quedado un porcentaje muy importante de la población que se encuentran en edad laboral y, que queriendo trabajar, carecen de empleo y de ingresos suficientes para garantizar una vida digna para ellos y para sus familias. En ese sentido el Secretario General de UGT PV, Gonzalo Pino, ha expresado que  “aun con la recuperación económica que estamos vislumbrando, no hay que olvidar las bolsas de pobreza estructural que han quedado en nuestro territorio, un porcentaje importante de personas que no encuentran oportunidades de trabajo y que necesitan garantizar para ellos y sus familias unas condiciones de vida  dignas”.

Esta iniciativa implicaría el 1% del PIB del estado, correría a cargo de la seguridad social y está concebida como una presentación no contributiva, vinculada a haber percibido desempleo  dependiente del mismo. En la Comunitat serían 241.939 personas  y sus familias las que se beneficiarían de tal medida.  La cuantía que se recibiría sería la equivalente al 80% del IPREM vigente en cada momento, que en 2015 sería de 426 euros al mes. La misma podría verse incrementada si el Estado establece los oportunos complementos en caso de tener hijos e hijas menores o familiares a cargo.

En su intervención Pino ha recalcado que este tipo de prestaciones son necesarias dada la precarización del trabajo, y la situación de pobreza estructural a la cual nos hemos visto abocados desde la crisis, propiciada por el auge de las políticas neoliberales y la mala gestión del erario público. 

En la comparecencia se ha hecho mención también al informe FOESA, el cual pone sobre la mesa datos alarmantes como el aumento de la  desigualdad que ha crecido un 10,1% desde el inicio de la crisis o el que el paro de larga duración afecte ya a 6 de cada 10 personas desempleadas, produciéndose un agotamiento paulatino de las prestaciones sociales. De hecho el riesgo de pobreza y exclusión social en el País Valenciano se sitúa en el 31,7%, frente al 27,3% del conjunto del Estado.

 

 

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