Madrid, 21 de diciembre de 2005 

Cándido Méndez RodríguezEl Acuerdo sobre los principios básicos que habrá de tener la acción protectora de la atención en las situa-ciones de dependencia constituye un avance importante en nuestra historia social pues incide, precisa-mente, en aquel ámbito de la protección social más desatendido.

La puesta en marcha de un nuevo derecho social siempre es una grata noticia. En nuestro país no había-mos tenido esa satisfacción desde 1990, año en el que se establecen las pensiones de carácter no contribu-tivo. Por el carácter universal y subjetivo de este nuevo derecho, por el amplio colectivo al que se dirige, por el bienestar que supondrá para los beneficiarios (más de 1,3 millones) y sus familias, en fin, por sus positivas repercusiones sobre la economía y el empleo, estamos ante un acontecimiento de la máxima trascendencia en el ámbito de la protección social.

Desde que en marzo de 1998 nuestro Congreso Confederal aprobase una resolución a favor de una pro-tección específica de las personas dependientes, como derecho subjetivo, hasta hoy, UGT ha venido si-tuando la protección de las personas dependientes como máxima prioridad dentro del ámbito de la protec-ción social. Estamos satisfechos por ser pioneros en esta demanda, pero también de haber compartido esa prioridad con otras instituciones y organizaciones sociales y políticas.

Como tuve ocasión de exponer el pasado mes de mayo en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados que analizó la problemática de la dependencia, en nuestra concepción, el Sistema Na-cional de cobertura de la Dependencia o de apoyo a la autonomía personal debe cubrir con carácter uni-versal a toda la población dependiente, a imagen del Sistema Nacional de la Salud. Pero, además, dicho Sistema debería venir constituido por otras notas, entre las que destacamos las siguientes: ser un derecho exigible, que garantice el principio de igualdad en el acceso a las prestaciones, que disponga de financia-ción suficiente, que dé prioridad a la atención mediante servicios de calidad y profesionales, que las apor-taciones del usuario estarán en relación con sus rentas garantizando, en todo caso, el acceso a cuantos carezcan de recursos. Éstos y otros requisitos, por lo demás de sentido común, han sido tomados en con-sideración y aceptados por todos cuantos hemos firmado este acuerdo.

Este acuerdo refrenda también en un altísimo porcentaje los principios y demandas que UGT aprobó en su último Congreso Confederal, a saber:

1. Que considere la protección a las personas dependientes como un derecho universal, subjetivo, independientemente de la edad, de los factores o contingencias que hayan originado la dependen-cia y de la Comunidad Autónoma donde se resida.

2. Que cuente con financiación suficiente de todas las Administraciones Públicas.

3. Que el nivel de protección y las prestaciones que conceda, preferentemente servicios, sea pro-porcional al nivel de dependencia y a la necesidad de cuidados.

4. Que la aportación del usuario y su familia esté en función de sus rentas, garantizando, en todo caso, el acceso a estos servicios a cuantos carezcan de recursos.

5. Que comprometa al conjunto de las Administraciones Públicas a alcanzar objetivos, empezando por cubrir a corto plazo las necesidades de las personas con dependencia grave o severa.

6. Que la calidad asistencial se garantice con intervenciones públicas importantes.

7. Que la oferta de servicios, tanto pública como privada, sea de calidad, con profesionales cualifi-cados y sometida a controles periódicos de evaluación.

8. Que valore el papel de los cuidadores familiares, considerando el tiempo de atención como co-tizado a la Seguridad Social y les dote de los recursos necesarios para que puedan prestar una atención de calidad.

9. Que se establezcan mecanismos de participación institucional de los agentes sociales en el con-trol, seguimiento y evaluación de estas prestaciones en cada uno de sus ámbitos de gestión.

10. Que se proteja jurídicamente a las personas dependientes.

UGT considera que el esfuerzo realizado por los agentes sociales y el Gobierno para alcanzar este acuerdo sobre los principios básicos del futuro Sistema Nacional de protección a las personas dependientes, debi-era corresponderse con esfuerzos similares por parte de quienes habrán de desarrollar las normas que pongan en marcha dicho Sistema.

Para UGT, este acuerdo es solo la primera piedra de esa gran construcción social que será el Sistema Na-cional de Dependencia que requerirá el esfuerzo y la generosidad de todos. Probablemente habrá dificul-tades de todo tipo (económicas, competenciales, .....) en el largo recorrido que habrá de tener la futura Ley y sus normas de desarrollo, pero de una cosa hay que estar seguros, la dinámica en que hemos entrado es imparable:

En primer lugar, porque esta prestación responde a necesidades sociales muy reales e inaplazables que afectan a cientos de miles de familias.

En segundo lugar, porque se han creado muchas expectativas en la sociedad y éstas no pueden defraudar-se, salvo que se quiera correr con el desgaste político correspondiente.

Y en tercer lugar, porque no es sólo una posibilidad para aumentar el bienestar de las familias, lo que ya justificaría por sí sólo ese nuevo Sistema, sino que, además, es parte de la solución a muchos problemas sociales que hoy tenemos como son, entre otros, la baja tasa de empleo femenino o ciertos costes ligados al envejecimiento de la población.

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