Unión General de Trabajadores del País Valenciano

11 de diciembre de 2007

UGT-PV critica el retraso del Consell en poner en marcha la Ley de la Dependencia en la Comunitat Cuando faltan escasos días para que termine el año, la Conselleria de Bienestar Social publicó ayer, 10 de diciembre las órdenes que regulan el procedimiento de aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) y los requisitos y condiciones de acceso a las ayudas económicas del Programa de Atención a las Personas y sus familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana.

La UGT-PV quiere denunciar que de esta manera se reitera el retraso de la puesta en marcha de la Ley estatal de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, afectando a todos los ciudadanos que desde principios de año tienen puestas sus esperanzas en esta ley.

Al mismo tiempo, la UGT-PV critica que el Consell ha negado hasta el momento toda participación de los agentes sociales en lo que referente a esta ley; los sindicatos no han sido ni consultados ni informados de la puesta en marcha de la ley, ni en el desarrollo de las valoraciones, y, por lo tanto, desconocen de manera oficial en qué situación se encuentra.

No obstante, de manera extraoficial, si se puede afirmar que el número de valoradores no se ha incrementado desde los 34 iniciales que fueron contratados, pero, desde la Generalitat se siguen ofertando y realizando cursos de Técnico especialista en Valoración de la Dependencia; es decir, existen más de 250 personas formadas a las que en su día se les prometió que trabajarían como valoradores y que actualmente no lo están haciendo.

Según la UGT-PV, esto supone un auténtico problema dado que las personas que han presentado la solicitud tienen que esperar mucho tiempo para que se les reconozca el derecho. En muchas ocasiones, se trata de personas afectadas por enfermedades terminales que no cuentan con el tiempo a su favor como en cualquier otro derecho.

Es por ello, que la UGT-PV exige que los trámites se realicen de la forma más rápida posible, siendo necesario, para ello, ampliar la plantilla de valoradores, así como la de los técnicos de servicios sociales de los municipios. La UGT-PV también considera necesario que los plazos administrativos que se establecen para el reconocimiento del grado de dependencia (6 meses), así como la resolución del derecho a las prestaciones (3 meses) se acorten, y las personas dependientes empiecen a recibir los cuidados con la mayor celeridad posible.

Por otra parte, de una de las órdenes publicadas se deduce que la Generalitat no tiene intención de crear una Red Pública de Servicios de Atención a la Dependencia, tal y como se refleja en el espíritu de la ley estatal. La Administración Autonómica se inclina más bien hacia la potenciación de las prestaciones a los cuidadores informales y sigue fomentando las prestaciones económicas para acceder a un servicio en el mercado privado, en detrimento de la consolidación de una red pública de servicios de atención a la dependencia.

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