• Arranca en la Audiencia Provincial de València el juicio por las piezas II y III del Caso Blasco, en el que la CVONGD, como acusación popular, pide penas que suman 158 años de cárcel para 22 acusados.
  • La CVONGD, de la cual ISCOD forma parte, ha inciado una campaña de crowdfunding en GOTEO para sufragar los gastos derivados del juicio.

El ex conseller del Partido Popular Rafael Blasco se sienta de nuevo, desde hoy, en el banquillo de los acusados, para responder por el presunto desvío de, al menos, 4,5 millones de euros destinados a la cooperación internacional con una decena de países empobrecidos, y por la fallida construcción de un hospital en Haití tras el terremoto que asoló ese país en 2010, causando más de 300.000 muertes, y dejando sin hogar a un millón y medio de personas.

En la vista oral que arranca hoy en la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de València, se juzgarán las piezas II y III del “Caso Blasco”, en las que la acusación popular encabezada por la Coordinadora Valenciana de ONGD pide para el ex conseller 16 años de prisión y 42 de inhabilitación, por los delitos de pertenencia a grupo criminal, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, falsedad documental, encubrimiento y fraude en subvenciones.

Blasco ya fue condenado por la Pieza I, en sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, a seis años y medio de prisión. Tras permanecer encarcelado 3 años y 7 meses, en estos momentos se encuentra disfrutando del tercer grado, por lo que sólo acude al centro penitenciario a dormir.

Modus operandi

Según las actuaciones que figuran en el sumario, desde la Consellería de Solidaridad dirigida por Rafael Blasco y desde la trama encabezada por el empresario César Augusto Tauroni, muy próximo al ex conseller, se manipularon presuntamente los exhaustivos procedimientos de control de la concesión de fondos para proyectos de cooperación que se aplican a las ONGD, para favorecer a fundaciones creadas expresamente por el empresario para apropiarse de esos fondos, y a pequeñas ONG que manipularon para su lucro personal.

Tanto la fiscalía como la acusación popular mantienen que desde la Consellería, siguiendo las órdenes de Blasco, contrataron empresas evaluadoras afines que falsearon las calificaciones de los proyectos que presentaban las entidades de la trama dirigida por Tauroni, presionaron a funcionarios para que aprobaran proyectos que no cumplían los mínimos requisitos, o directamente los cesaban cuando se negaban a participar en la trama. La Consellería creó listas blancas y listas negras para determinar las entidades que recibían fondos públicos (las de la trama) y las que no podían recibirlos.

Repugnante

En total, por los hechos ocurridos entre 2009 y 2011, la acusación popular pide un total de 158 años de cárcel para 22 acusados. Para el empresario Tauroni, presunto cerebro de la trama junto a Blasco, piden 22 años de cárcel, 42 años de inhabilitación y más de 2,5 millones de euros de multa.

Entre el resto de acusados destacan Llinares -ex jefe del Área de Cooperación, y funcionario afín a Blasco que le acompañaba siempre en sus puestos de responsabilidad-, para el que se piden 14 años de prisión; Josep María Felip, ex director general de Inmigración y Cooperación en la época de Blasco, para el que se solicitan 12 años; y el empresario Luis Fernando Castel, responsable de la empresa evaluadora, para el que se piden 14 años. A las penas de cárcel se suman las peticiones de inhabilitación, y más de 10 millones de euros en concepto de multas, responsabilidad civil y daños morales.

“Éste no es un caso de corrupción más. Es una de las tramas más inmorales, indignas y repugnantes a los que nos hemos enfrentado en los últimos años. Se juzga a una trama de políticos, altos cargos de la Generalitat y empresarios que se aprovechó, presuntamente, del sufrimiento de miles de personas para comprarse como mínimo, que sepamos, yates y apartamentos en Miami”, explica Lourdes Mirón, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD.
Movilización ciudadana

Cerca de medio centenar de representantes de ONGD y ciudadanía se han concentrado esta mañana a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València, ante el inicio del juicio, para mostrar su repulsa por los hechos encausados y reivindicar que no haya impunidad para los culpables.

“Desde la coordinadora nos personamos en este caso para defender que se haga justicia, para aportar al procedimiento judicial nuestro conocimiento especializado en la gestión de proyectos, para pedir que se devuelva hasta el último céntimo de lo robado, y para defender la dignidad de la cooperación en la que participan miles de personas que trabajan honradamente por hacer un mundo más justo para las personas en los países empobrecidos”, añade Lourdes Mirón.
A los fondos supuestamente defraudados en las dos piezas del Caso Blasco que empiezan a juzgarse hoy, hay que sumar los 1,8 millones robados en los hechos juzgados en la primera pieza del caso, que ya fueron declarados probados por sentencia firme. Respecto de esa cantidad sólo se han recuperado hasta la fecha 580.000 euros por la subasta de los pisos y el garaje en el centro de València que compró la trama con el dinero destinado a los países empobrecidos. Los dos principales condenados, Tauroni y Blasco, sólo han devuelto 54.700 y 12.000 euros, respectivamente. A cuenta de los delitos por los que ha sido condenado, a Blasco también le descuentan de su pensión cada mes 973 euros.

El juicio, en cifras

Por el juicio, que se espera que dure aproximadamente tres meses, pasarán más de 100 testigos y peritos. La instrucción consta de más de 50.000 folios en 168 tomos, a los que hay que sumar 24 piezas separadas con más de 40.000 folios con documentación intervenida en las entradas y registros de domicilios. Además, hay unos 35.000 correos electrónicos y escuchas telefónicas que han dado lugar a la formación de 15 tomos más. Se ha analizado, igualmente, el contenido de 75 dispositivos informáticos intervenidos, con miles de archivos que ocupan más de 5 teras.

 

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