Unión General de Trabajadores del País Valenciano

 ugt pven los medios levantePor Ismael Sáez Vaquero, Secretario General de UGT PV

El accidente del metro del 3 de julio de 2006 fue un hecho terrible, especialmente porque era evitable, hubiera bastado con dotar a la línea en cuestión de los medios de seguridad viaria disponibles para que ese dramático accidente no se hubiera producido con sus demoledoras consecuencias para sus víctimas y familiares, pero también para una sociedad celosa de su dignidad.

Dicho esto, que la actual administración de la Generalitat y su correspondiente Consellería de vivienda, obras públicas y vertebración del territorio justifique determinados artículos de la ley de seguridad ferroviaria de la Generalitat Valenciana en el citado accidente es, en el mejor de los casos, un despropósito; en el peor, nos reservamos nuestra opinión.

Para que se entienda: en dicha ley se establecen sanciones económicas para los trabajadores de FGV, que pueden alcanzar los 30.000 euros, como si no existiera ya un código de faltas y sanciones o de conducta pactado en el convenio colectivo de empresa, o como si no fuera objeto de sanción por el código civil o penal vigentes, aquellas conductas que por su desidia, negligencia o dolo fueran imputables a dichos trabajadores y produjeran grave riesgo o daño a bienes y, sobre todo, personas.

Es como si se pensase que la solución a los problemas de seguridad radica en la actitud de los trabajadores y que ésta, de por sí sospechosa, sólo puede ser corregida con el palo o la amenaza del castigo. Es ignorar que el conductor del metro accidentado falleció en él, que los controles sobre drogas y alcohol al que son sometidos aleatoriamente los conductores salen invariablemente negativos, es un ejercicio de demagogia y lo que más irrita, es un insulto a la profesionalidad de los trabajadores de FGV.

Hemos escuchado recientemente a las asociaciones de consumidores indignados por las huelgas, como si los consumidores no fuesen a la vez trabajadores o los trabajadores no fuesen así mismo consumidores, todos somos ciudadanos y los derechos que nos asisten lo son en calidad de tal: tanto el derecho a disfrutar del transporte público como al derecho de huelga.

En el colmo del despropósito, sin preguntarse por las razones de la huelga, el portavoz de AVACU sugiere la necesidad de reformar el derecho fundamental a la huelga para restringirlo. No sé cuántas huelgas ha secundado dicho portavoz, pero por si acaso conviene informarle de que la huelga no es una fiesta. Supone la pérdida de los ingresos por los días u horas dejados de trabajar (en el actual conflicto han perdido entre 800 y 1000 euros por trabajador), supone significarse contra la Dirección y exige el apoyo y el respaldo mayoritario de la plantilla para que la huelga tenga el seguimiento que le dé sentido.

Se ofrecen también estas asociaciones como mediadores del conflicto, como si el Comité de Empresa o las Organizaciones Sindicales fueran menores de edad necesitados de tutela. Y además, como queda dicho, sin que sepan o se pronuncien estas asociaciones sobre las razones de la huelga.

No se está reclamando más salario, tampoco condiciones de trabajo mejores, se está exigiendo respeto y dignidad para unos profesionales que no necesitan ni el castigo ni la amenaza para realizar su trabajo con la diligencia y responsabilidad debidas.

De manera que, por favor, primero infórmense bien de las razones de esta huelga, después piensen como trabajadores, que supongo también lo son, y no sólo consumidores; y, por último, disciernan entra la información y el oportunismo.

Créanme, la seguridad de nuestro transporte público no depende de una ley sancionadora, sino de la actualización de los dispositivos en seguridad que la tecnología ofrece, sin que esto signifique que la seguridad absoluta vaya a ser posible, y piensen que los trabajadores de FGV no son muy distintos de usted.

 

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