Unión General de Trabajadores del País Valenciano

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Por Ismael Sáez Vaquero, Secretario General de UGT PV

Este mes de agosto ha estallado el conflicto en el aeropuerto del Prat y amenaza con extenderse a gran parte de los aeropuertos españoles, entre ellos Manises y el Altet. Es el resultado de la Reforma Laboral y de una visión de las Administraciones Públicas centrada en la reducción de costes con cargo a los trabajadores que aquella hace posible.

No se respetan los convenios colectivos, se degradan las condiciones salariales y de trabajo para acceder a las adjudicaciones al menor precio posible, pisoteando los derechos y la dignidad de los trabajadores y esto, lo quieran o no, tiene un límite. Nadie pretende fastidiar las vacaciones de nadie, lo que se persigue es alcanzar un acuerdo que respete esos derechos y, claro está, la consecuencia es que el servicio sale perjudicado. Pero quién es el responsable? Desde luego no el trabajador que defiende constitucionalmente sus derechos, sino la administración que entiende mal el concepto de ahorro al ignorar sus efectos sobre la calidad y la seguridad que debe ofrecer. Los únicos beneficiados: empresarios que entienden el concepto innovación como la fórmula de estrujar la Reforma Laboral hasta conseguir pagar lo menos exigiendo lo más.

Este conflicto, centrado en las empresas de seguridad privada, no es ajeno a todos aquellos servicios que se subcontratan y la administración adjudica en todos sus niveles. En la Comunidad Valenciana tenemos la reciente adjudicación de la seguridad de CulturArts o del Centro de Investigación Príncipe Felipe, pero también del hospital de Gandía, todos ellos dependientes de distintas Consellerías. La de Transparencia promueve una Ley de cláusulas sociales que pretende acabar con estas prácticas y las Organizaciones Sindicales, UGT y Comisiones Obreras, buscamos un acuerdo a tres bandas con la Consellería de Economía y la CEV que resuelva este grave problema para todas las administraciones en nuestra Comunidad Autónoma.

Sin embargo, la negativa de la CEV, por una u otra razón, y la “paciencia” de la Consellería, junto a la más absoluta falta de coordinación en el seno del Consell sobre esta materia, hace que la situación no avance lo más mínimo y la tónica sea adjudicar a la oferta más económica mirando para otro lado sobre los efectos que esta práctica tiene sobre los trabajadores y la calidad del servicio. Un ejemplo reciente es el referido al servicio de ambulancias: Los trabajadores al límite, los pacientes perjudicados, la Consellería de Sanidad en el disparadero y las empresas como si nada.

Vamos a insistir con la CEV para conseguir ese acuerdo necesario, pero si no se logra en los próximos meses el Consell tendrá que asumir su responsabilidad; en todo caso y mientras tanto, vamos a exigir una reunión con Presidencia para que se coordinen las distintas Consellerías y se establezcan criterios que respeten los fundamentos de la Ley promovida por Transparencia y que la oferta económica no sea el valor supremo. Aquí todos dicen estar por la labor de dignificar el trabajo en estas contratas, pero nadie da el paso de asumir como tarea propia que las licitaciones se hagan con cargo a esos criterios.

Mientras `determinadas empresas aprietan a los trabajadores con su particular “I+D+i ” y la administración no se preocupa del servicio, sino del coste con miras de “Rompetechos”, el Gobierno del P.P. echa mano de la Guardia Civil que retiró de los aeropuertos y la prensa afín criminaliza el derecho de huelga.

Los trabajadores de esas empresas demuestran dignidad y valor. Y con el apoyo de las Organizaciones Sindicales, que seguimos empeñados en la denuncia de una Reforma Laboral que sólo ha traído precariedad e injusticia, vamos a recordarle día sí y día también al Gobierno su responsabilidad, a los ciudadanos que padecen los efectos del conflicto nuestras razones y a los Partidos Políticos progresistas su ideario. Ellos también gobiernan, sin ir más lejos, nuestra Comunidad Autónoma.

 

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