Unión General de Trabajadores del País Valenciano

Por Ismael Sáez Vaquero. Secretario General UGT-PV.

Con la dura crisis económica ha aflorado en nuestra Comunitat la existencia de una financiación escandalosamente insuficiente y notoriamente injusta. Baste decir para corroborar este hecho que somos la única comunidad autónoma que teniendo una renta per cápita inferior a la media, tiene un saldo fiscal negativo; es decir, que debiendo recibir la solidaridad de otras comunidades con rentas altas, lo que hacemos es justo lo contrario: financiar a comunidades pobres, pero también a alguna rica. Nuestro sistema de financiación es un disparate cuando hay comunidades pobres que perciben recursos por debajo de la media y comunidades ricas que reciben por encima de esa media, y si a esto añadimos la situación ventajosa e injustificada de las comunidades de régimen foral, se completa un mapa más que abstracto abstruso. En todo caso, la triste singularidad de la Comunitat Valenciana es que, como queda dicho, es la única que aporta más de lo que recibe.

Esta situación no es nueva. Obedece a la existencia de siempre de una asignación de recursos por debajo de la media en la prestación de servicios del Estado en nuestra Comunitat que al ser transferidas las competencias de la Administración Central al Estado de las Autonomías quedó reflejada claramente. No es verdad, por tanto, que los actuales desequilibrios obedezcan a la descentralización del Estado. Todavía hoy podemos observar cómo en materia de justicia o inversiones, que son competencia estatal, la Administración Central establece gastos desiguales en los territorios que no contemplan ni la renta ni la población como parámetros determinantes de las mismas.

Todas las comunidades autónomas es posible que tengan hoy insuficiencia financiera tras la brutal caída de ingresos producida por la Gran Recesión. Los ingresos de estas se han reducido entre el 2009 y el 2015 un 12%, mientras que su gasto en educación, sanidad y servicios sociales se ha reducido un 15%. Es decir, que los ajustes de déficit impuestos por el Gobierno de la nación a las comunidades autónomas han sido mayor que el que se imponía a sí misma la Administración Central, siendo que en aquellas reside el gasto que sostiene el estado del Bienestar. Esta asignación del control y esfuerzo en la reducción del déficit es absurda o puramente malvada, puesto que hace recaer en aquellos que más necesitan la solidaridad del Estado protector el mayor sacrificio para la estabilidad macroeconómica que nos imponía Europa.

No es verdad, por tanto, que las comunidades autónomas sean malgastadoras, al menos con carácter general, sino que el reparto de los recursos en función de las competencias asignadas es manifiestamente injusto y desigual. Gastamos en educación, sanidad o servicios sociales 4 puntos menos de PIB que la media de los países de la eurozona. Pero como decimos, el problema de la Comunitat Valenciana es un problema doble, ya que suma a esa caprichosa distribución de los sacrificios entre Estado Central y Autonomías el problema constante de una infrafinanciación lacerante.

Las comunidades del Norte, y no sólo las forales, gastan un 14% más en sanidad por habitante, un 38% más en educación por alumno y un 118% más en servicios sociales. El promedio de gasto total de las comunidades autónomas es un 14% superior al de la Comunitat Valenciana y, con las mismas competencias, Asturias gasta un 24% más y Cantabria un 37% más. En todos estos cálculos se deja fuera, como es lógico, la partida referida a gastos financieros, estamos hablando de recursos que llegan o no a los ciudadanos y al tejido productivo o a las infraestructuras.

Queda claro que con el sistema actual se pone en entredicho la igualdad de oportunidades entre los españoles y el acceso al Estado del Bienestar, creándose de facto ciudadanos de primera y de segunda, y se lastran las posibilidades de crecimiento, desarrollo e inversión en Comunidades dinámicas y de fuerte vocación exportadora como la nuestra, impidiendo nuestra convergencia en renta y nuestra capacidad para competir. Para mantener la sanidad y la educación en nuestra Comunitat en niveles aceptables, gastamos un 41% menos que la media en servicios sociales y dependencia, y un 28% menos que la media en fomento de nuestra competitividad. Con todo y a pesar de este esfuerzo, seguimos acumulando déficit y deuda; pero como queda claramente reflejado en las cifras, no es porque gastemos mucho, sino porque ingresamos poco con este sistema de financiación de las Comunidades Autónomas que además nos drena recursos que se destinan a otros territorios no siempre más pobres.

En nuestra Comunitat se han vivido episodios de despilfarro, de corrupción y de aparente abundancia que emborronan una visión clara de nuestra realidad que nos perjudica. La Comunitat Valenciana está llena de potencialidades y a lo largo de su historia lo ha venido demostrando: tenemos una agricultura de éxito secular, una industria de fuerte tradición en multitud de sectores tradicionales que han sabido adaptarse a la globalización y un sector turístico y de servicios también muy relevante. No en vano, esta Comunitat ha sido desde siempre un polo de atracción para gran parte de los ciudadanos de comunidades limítrofes por su dinamismo y su capacidad de generar oportunidades. Cuando gastábamos en grandes eventos seguíamos teniendo un menor gasto por habitante que la media, pero una Administración autonómica que ocultaba déficit hasta el punto de merecerse una sanción de la Unión Europea. Éramos la Grecia Española.

Desde las organizaciones sindicales, UGT y CCOO, junto a la patronal CEV, hemos reivindicado la necesidad urgente de un nuevo sistema de financiación que nos haga justicia. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie, este ha sido y sigue siendo el discurso del actual Consell y de la práctica totalidad de nuestra sociedad. Se imponía y todavía se sigue imponiendo la necesidad de trasladar con datos la realidad de infrafinanciación que padecemos, es imprescindible que llegue hasta todos los rincones de la Comunitat la situación de agravio que sufrimos y sus consecuencias negativas en sanidad, educación y servicios sociales; pero también lo que ello significa en nuestra capacidad para generar actividad económica y riqueza que permita más y mejor empleo, pensiones dignas y oportunidades de futuro. Visibilizar nuestra infrafinanciación es condición necesaria para resolver el problema.

Las propuestas para un nuevo sistema de financiación que no va contra nadie, así como los datos sobre la situación que padecemos están claramente expuestos en los informes que nuestros expertos han venido realizando, gran parte de tales datos los he recogido de la conferencia que en el Círculo de Bellas Artes en Madrid dio el catedrático Francisco Pérez en un intento más de hacer visible fuera de nuestra Comunitat una realidad que ya no discute nadie que haga el esfuerzo de aproximarse al problema. Pero hemos acumulado una deuda de 45.000 millones de euros, de los que más de 20.000 obedecen a esa infrafinanciación y que no podemos pagar sin poner en grave riesgo los servicios esenciales del Estado del Bienestar en nuestra Comunitat y nuestra capacidad de desarrollo y futuro. Los dirigentes de otras Comunidades más afortunadas con el actual sistema de financiación se oponen a la condonación de la deuda o a su asunción por el Estado, opinan que eso iría contra la disciplina y el rigor en el gasto, sería tanto como premiar a los incumplidores. Sin embargo, queda demostrado que la Comunitat Valenciana ha gastado siempre menos que la media y, por tanto, gran parte de su deuda tiene como único origen un reparto injusto de los recursos con esta Comunidad.

En todo caso, esa condonación no supondría otra cosa que reconocer el trato injusto padecido, es en un 80% deuda contraída con el Estado, ya que desde 2012 no emitimos deuda y queda muy poca en manos de particulares, por lo que no tendría efectos su condonación ni en los mercados ni frente a nuestros socios europeos y, por último, siempre he creído que la mejor lección moral no es el castigo, sino la bondad; en especial cuando se trata de salvar a quien ha sido injustamente tratado, así fue redimido Jean Valjean por el obispo de Digne, si se me permite la licencia.

El nuevo Gobierno debe responder a la exigencia de un nuevo sistema de financiación haciendo una propuesta sobre la que debatir y, si es posible, llegar a acuerdos, pero no vale escudarse de entrada en las dificultades de tal empresa. Y mientras tanto, debe considerar la oportunidad de condonar parte de la deuda, no sólo a nosotros, y reconocer y asignar los 1.300 millones de euros que el Govern de la Generalitat reclama para simplemente situarnos en la media.

En todo caso, los ciudadanos y ciudadanas valencianos debemos seguir exigiéndolo, porque desgraciadamente los argumentos y las razones no suelen bastar.

 

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