UGT PV solicita a la Generalitat medidas concretas de lucha contra el fraude y la economía sumergida

La propuesta ha sido tratada con la Dirección General de Trabajo y Presidencia de la Genralitat
UGT PV ha mantenido reuniones con los responsables de las principales instituciones de Gobierno con competencia directa en la lucha contra el fraude y  la economía sumergida: La Dirección General de Trabajo, y la Presidencia de la Gneralitat, responsable de la Policía Autonómica Valenciana.

En dichos encuentros UGT PV ha trasladado una propuesta con medidas muy concretas: La primera, que se regule la colaboración entre la Inspección de trabajo y Seguridad Social y el Cuerpo de la Policía Autonómica Valenciana, prevista en el art. 55 del Estatuto de Autonomía.

La segunda, que se dote de recursos con competencias específicas en la lucha contra la economía sumergida, la explotación laboral, el trabajo no declarado y el fraude a la Seguridad Social;  Y la  tercera que se creen  los procedimientos y protocolos de actuación necesarios para llevarlos cabo.Esta propuesta, que ha sido además presentada per registro de entrada a la Genralitat (ver adjunto), viene motivada por una parte por el hecho de que la Inspección de Trabajo contará con estructura territorial en cada Autónomía a desarrollar a partir de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  Y Por otra, por el gran espectro casuístico en esta materia, que hace necesaria la participación conjunta de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad de la Comunidad Autónoma dependientes de PresidenciaPor otra parte, y dado el amplio espectro casuístico en esta materia, es necesaria la participación conjunta de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad de la Comunidad Autónoma dependientes de la Consellería de Presidencia

En esa línea UGT PV reclama también, la participación de los agentes sociales más representativos en los órganos de participación institucional donde se diseñen las actuaciones inspectoras y policiales en relación a los planes y programas de actuación territorial; Y donde se determine la adecuación de recursos humanos y materiales, en cuanto a número, distribución y /o  especialización.

Estas demandas llegan en un  momento en el que la Comunitat  debe afrontar retos que asienten la recuperación económica para que  esta llegue a toda la sociedad. Y para ello hay que poner freno a estas prácticas que menoscaban nuestra economía y deterioran la cohesión social.

La existencia de economía no declarada genera problemas de equidad, tanto del lado del gasto como de los ingresos públicos, provocando asimetrías en la provisión de servicios y en la carga impositiva. Además produce desigualdad entre la ciudadanía y menoscabo de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras contratados de manera irregular; además de implicar una distorsión de la competencia empresarial. En definitiva es un ataque directo al Estado del Bienestar, que pone en peligro  a la sanidad, a la educación pública, y al resto de servicios provenientes del Estado.

Estudios recientes, calculan la tasa de economía sumergida en España en el 24,6%, lo que supondría unos 253.000 millones de euros anuales. Tan solo Italia, Grecia y Portugal se sitúan por encima de la media española.  En nuestro caso la Comunitat  se sitúa  por encima de la media, con un 26,5%, lo que implica, teniendo en cuenta el valor del PIB de la Comunitat Valenciana, unos 26.000 millones de euros al año.

En cuanto a las  estimaciones sobre el número de trabajadores en la economía sumergida, y por lo tanto de posibles empleos que podrían crearse, las variaciones son muy amplias, pero se estima que en la Comunitat  podría haber alrededor de 200.000  trabajadores y trabajadoras sometidos a estas prácticas.

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